Abogado Carlos Balcácer denuncia red de extorsión dentro del Estado para agilizar pagos

Carlos Balcácer, abogado del empresario Quilvio Rodríguez, implicado en la Operación Lobo, denunció este martes que su cliente fue víctima de una presunta red de extorsión operada por funcionarios estatales, quienes le exigían pagos mensuales para liberar los cheques correspondientes a servicios contratados por diversas instituciones públicas.

Según Balcácer, Rodríguez debía pagar entre RD$700,000 y RD$800,000 mensuales para poder cobrar por servicios de seguridad prestados a entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

“A él le exigían cobros. Por sus servicios recibía 5 o 6 millones de pesos y tenía que erogar más de 700 mil al mes. Un grupito de sinvergüenzas. Una gavilla de delincuentes”, declaró Balcácer a los periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El togado afirmó que su defendido tiene toda la documentación que respalda estos pagos, realizados a modo de “comisión” para garantizar la emisión de cheques.

Incluso aseguró que Rodríguez tuvo que recurrir a préstamos en el Banco de Reservas para cubrir los pagos exigidos por los funcionarios, lo que generó atrasos con la entidad bancaria.

“Él rendía su informe y sus servicios con una licitación ganada formalmente. El tema no es la licitación, es que para cobrar tenía que pagar”, reiteró Balcácer.

Rodríguez, quien es propietario de una empresa de seguridad privada, habría prestado servicios durante cerca de ocho años a distintas instituciones del Estado.

Su abogado insistió en que su cliente está colaborando con las autoridades y que la tarde de este martes se encontraba nuevamente en la Procuraduría General de la República bajo interrogatorio, presentando más de mil documentos como evidencia.

“Está hablando la verdad, tiene todo documentado. Ya se lo hizo saber a Wilson Camacho (procurador adjunto)”, indicó.

Operación Lobo

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una presunta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse, la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó Inaipi, Senasa, EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

La operación dejó un saldo de 14 personas arrestadas, entre ellas varios coroneles activos y retirados de distintas instituciones castrenses, así como miembros de la Policía Nacional.

Fuente: Panorama