Más allá de la recuperación

 El Programa de las Nacio­nes Unidas pa­ra el Desarro­llo (PNUD) ha dado inicio a su acostum­brado Foro Ministerial de Desarrollo Social, que se realiza cada dos años re­uniendo a las mentes más brillantes en materia de po­líticas de protección y asis­tencia social, para discutir las perspectivas de Amé­rica Latina y El Caribe en esta materia. En el contex­to actual de una pande­mia global, el cónclave ten­drá especial relevancia, por tratarse de un punto de in­flexión que requiere un de­bate profundo y de calidad, sobre el rol del Estado en el combate a “la desigualdad social, los contratos sociales fragmentados, la baja pro­ductividad y crecimiento, poca confianza en las insti­tuciones públicas y debilidad fiscal”. En el volumen editado por Luis Felipe López-Calva, Director Regional del PNUD para América Latina y El Ca­ribe, con el apoyo de Marce­la Meléndez, se concentran un conjunto de ensayos muy interesantes que contemplan ideas para la acción en políti­cas públicas, con el propósito de enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pande­mia. Es un documento de lec­tura obligatoria para los que inciden en las políticas públi­cas, con la conciencia de que el COVID-19 ha desnudado mu­chas de las fragilidades pre­existentes en los países de la región, especialmente en lo re­lativo al sistema de salud.

El gran reto para los países que conforman la región es adecuar con rapidez los ele­mentos más críticos que in­ciden en la crisis, mientras se dedican tiempo, esfuerzo y recursos a mitigar los efectos a mediano y largo plazo, es­pecialmente en materia eco­nómica. En la medida en que aprendamos más de la pande­mia, mejor preparados estare­mos para crisis futuras, de to­das las índoles. Los retos por abordar desde el punto de vis­ta de las políticas públicas son amplios. Independientemen­te de las perspectivas de la va­cunación de la población, hay que invertir en tecnología para agilizar la toma de muestras y asegurar el aislamiento social de los infectados, por igual, identificar los cambios nece­sarios en la política económi­ca, que permitan proteger la mayor cantidad de empleos formales posibles y preservar la estabilidad macroeconómi­ca. Tal y como lo plantea San­tiago Levy: “los despidos y cie­rres de las empresas deben evitarse subsidiando los costos de nómina de las empresas y dándoles acceso preferencial a garantías crediticias, condicio­nadas a no despedir trabaja­dores”. Una de las preocupa­ciones que más deben llamar a nuestra atención es el acce­so limitado de los países de la región a facilidades de fi­nanciamiento, tomando en cuenta que casi todos los paí­ses latinoamericanos tienen limitaciones para la emisión de deuda pública que permi­ta financiar la reactivación económica. América Lati­na y El Caribe, como región, necesita llevar una posición unificada y de consenso so­bre las necesidades de finan­ciamiento, para que en el marco de los escenarios que componen a las Naciones Unidas, se puedan solicitar medidas que alivien y facili­ten la ejecución presupues­taria de los Gobiernos de la región. En ese sentido, Jo­sé Antonio Ocampo propo­ne un enfoque que permita “apoyar a los países que ne­cesitan una reestructuración y crear un mecanismo multi­lateral voluntario de supervi­sión para la suspensión de la deuda de los países que lo re­quieran”. El planteamiento del PNUD es esencial en es­te momento de la pandemia, en que enfrentamos una se­gunda ola, con una ciudada­nía impactada económica­mente y que muestra mucho cansancio en el cumplimien­to de las medidas que buscan salvaguardar la salud. Para ir más allá de la recuperación, debemos trabajar como una región solidaria