Reserva de ley

La Ley 33-18, de partidos, y la Ley 15-19, de régimen electoral, am­pliaron las competencias que la Constitución otorgó a la jurisdic­ción electoral, facultándola pa­ra juzgar las infracciones penales electorales.

Al acoger una acción, el Constitucional anu­ló las disposiciones legales que otorgaron esa potestad al Tribunal Electoral, declarando que competen a los tribunales penales ordinarios conocer los delitos y crímenes electorales.

Entre otros aspectos, el TC señaló que “En la especie ha quedado manifiesto que el le­gislador, al dictar las normas impugnadas, no solo ha desbordado el alcance del artículo 214 de la Constitución, sino también que no existe reserva de ley para ampliar la compe­tencia del Tribunal Superior Electoral para el juzgamiento de las infracciones penales elec­torales (…)” (TC-0508-21)