Conforme a la Constitución de la República corresponderá a la Cámara de Diputados escoger las ternas al término del mandato del defensor del pueblo y someterlas ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación. Agotado ese procedimiento la escogencia debe efectuarse antes de los treinta días siguientes.
“Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados”, aduce el párrafo del artículo 192 de la Carta Magna.
También la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo específica que la persona designada durará un período de seis años, escogido con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de senadores, y podrá ser elegido solamente para un nuevo período.
No obstante a esas prerrogativas, la actual titular Zoila Martínez, se mantiene en el cargo desde el 16 de mayo del 2013, pese a que ha pedido en múltiples ocasiones ser sustituida.
La falta de un consenso político sería el detonante de la demora, pues ya se agotaron las entrevistas de los aspirantes y se escogieron las ternas en la Cámara de Diputados que la remitió al Senado. Una comisión especial del Senado recomendó devolver a la Cámara de Diputados las ternas para escoger los adjuntos del defensor del pueblo, debido a errores de procedimientos, pues se enviaron tres ternas para los suplentes y tenían que ser dos.
La escogencia del defensor del pueblo se haría de la terna integrada por dos reconocidas figuras políticas y un tercero a quien no se le conoce vínculo con partidos. La componen: los exdiputados Fidel Ernesto Santana y Henry Modesto Merán, así como Pablo Ulloa Castillo.
Tardanza en la elección
Conforme al mandato constitucional hace tiempo que el pedido para la elección del Defensor del Pueblo está ventajosamente vencido sin que la Cámara de Diputados presente la terna al Senado de la República para elegir un/a nuevo/o encargado/a de esa dependencia pública, explica el abogado, José Parra Báez.
Dijo que, ante esa actitud negligente y de retraso por parte de la Cámara de Diputados debió actuar la Suprema Corte de Justicia, organismo que, por aplicación del párrafo del artículo 192 de la Constitución le corresponde presentar dicha terna al Senado para romper la inercia de la Cámara de Diputado.
“Esto implica que, igual que la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia ha actuado con dejadez y descuido en la presentación de la terna correspondiente de un órgano del Estado de tanta importancia como el Defensor del Pueblo. Esta inercia tanto de la Cámara Baja como de la Suprema Corte de Justicia permiten pensar que a estos poderes del Estado no le interesa las actividades de fiscalización que realiza el Defensor del Pueblo”, declaró Parra Báez.
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