La oficina de prensa del Vaticano informó de que en la tarde del miércoles, Francisco se reunió con los integrantes de los respectivos organismos implicados y creó una comisión para facilitar este traslado de gestión.
“El tema de la reunión fue promover la implementación de lo que el Santo Padre solicitó mediante carta al Secretario de Estado, fechada 25 de agosto de 2020, sobre la transferencia de la gestión administrativa de los fondos de la Secretaría de Estado a la administración del patrimonio de la Sede Apostólica y su control a la Secretaría de Economía”, explicó el Vaticano en una nota.
En el mismo encuentro, el Papa creó la “Comisión de paso y control”, que entra en funcionamiento con efecto inmediato, para completar en los próximos tres meses.
Esta comisión está constituida por el sustituto a la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra; el presidente del APSA, Nunzio Galantino y el prefecto de la Secretaría de Economía, Juan Antonio Guerrero Alves.
En la misiva del 25 de agosto, el papa explica que tomó esta decisión para que las actividades económicas continúen en una “línea más evangélica, transparente y eficaz”.
Explica que aunque la Secretaria de Estado es el dicasterio (ministerio) que más de cerca apoya la acción del papa, “no parece necesario ni apropiado que realice todas las funciones que ya están atribuidas a otros dicasterios”.
De esta manera, el papa estableció que “todos los fondos que hasta ahora han sido administrados por la Secretaría de Estado se incorporen al presupuesto consolidado de la Santa Sede” salvo “en lo que se refiere a materias reservadas y sometidas al secreto, aprobadas por la Comisión designada al efecto”.
“La Secretaría de Estado no tendrá que administrar bienes, será conveniente que redefina su oficina administrativa o evalúe la necesidad de su existencia”, añade el pontífice.
Esta decisión del papa se ha producido a raíz de la investigación de la operación financiera de la compraventa de un edificio en Londres y por la que el momento han sido suspendidos de sus empleos algunos funcionarios de la Secretaría de Estado, entre estos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Pero también el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino; los dirigentes de la Secretaría Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y una empleada de la Administración, Caterina Sansone.
Además en el marco de la investigación vaticana, era arrestado el financiero italiano Gianluigi Torzi, por los delitos de extorsión, malversación, estafa agravada y blanqueo de capitales, al ser el intermediario de la operación del edificio de Sloane Avenue y que ha acabado costando a las arcas vaticanas casi 400 millones de euros.
La carta del papa es anterior a la destitución por parte del papa del ex sustituto de la secretaría de Estado (2011-2018) y prefecto de la Congregación para las causas de los Santos, Angelo Becciu, que incluso tuvo que renunciar a los derechos del cardenalato.
Posteriormente, la prensa italiana ha desvelado que Becciu podría también estar investigado por malversación de los fondos de la secretaria de Estado.
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