Garantía de garantías

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Una gran parte de los juristas que nos hemos especializado en la trascendente materia de derecho constitucional, derecho público, suele cometer el gravísimo error de creer en el mito de que las garantías procesales son la panacea para la protección de los derechos fundamentales.

Garrafal error. Y esto se debe, en lo esencial, a que se arrastra el mal de fondo con que nos educaron formalmente, en que el recurso más importante para aprender era la memorización.

Entonces nos enseñaron a repetir como papagayos lo que no era objeto de explicación, porque muchos de los profesores tampoco lo sabían. Así avanzamos, desde la primaria hasta los estudios universitarios, en el proceso enseñanza-aprendizaje, sin construcción de conocimientos nuevos ni sentido crítico ni ejercicio del criterio.

Pero nadie crea que esa penosa formación, que en realidad era una deformación, se daba por accidente o generación espontánea. Nada más alejado de la verdad. El proceso de enseñanza era maliciosamente intencional, metódicamente calculado y fríamente ejecutado como filosofía de la educación y la dominación social.

Perseguía con perversidad el embrutecimiento social para mantener la población en los niveles de alienación que permiten a un sistema político injusto y depravado mantenerse. Por tanto, nos educaron para ser memorizadores, incapaces de pensamiento crítico, ciudadanos formales, no reales, y manipulados.

Así las cosas, los sectores dominantes de la sociedad no tendrían problemas mayores con el ejercicio del control social, económico y político del país. Para la inmensa mayoría, pan y circo, como los romanos.

Ciertamente, así es. Pero lo más trágico es que muchos no han podido hacerse la reingeniería intelectual y formativa necesaria para dejar atrás los lastres con que se educaron. Y como profesionales siguen reproduciendo el método memorístico en todos sus quehaceres. Y cuando esto sucede en un constitucionalista de hoy, se genera una catástrofe para la sociedad.

El jurista constitucionalista de hoy debe ser la expresión más alta de la conciencia crítica de la sociedad.

Maximilian Karl Emil Weber, mejor conocido como Max Weber, le reconocía esta misión a los intelectuales, y no se equivocó. Pero los intelectuales en que pensó el célebre filósofo alemán en su época eran los filósofos, escritores, sociólogos, economistas, educadores, entre otros. Hoy esos profesionales están atrapados en labores alimenticias, el pluriempleo y por banderías partidarias, como nichos laborales.

Por fortuna, nos quedan los juristas constitucionalistas verdaderos, que no subordinan el ejercicio del criterio a un empleo y no confunden las garantías procesales con la garantía de las garantías de los derechos fundamentales.